Primero cabe la distinción entre inteligencia artificial y sistema experto. La I.A se reproduce en situaciones en las que presumiblemente actuaría un humano común, a manera de una emulación de racionalidad. El sistema experto se basa en la experiencia, por ello actúa con base en lo que ha previsto su diseñador. A nivel jurídico, esto significa que procede acorde a lo estipulado en la ley, solucionando así problemas y consultas relacionados con la materia.
La crítica ha sido amplia, desde la doctrina nos llegan referencias que vociferan contra un sistema que, según ellos, no contribuyen nada. Y eso porque se pretende encasillar el derecho en algo mecánico y automático, desconociendo el meticuloso proceso de racionalidad venido a manos de los individuos y los debates que suscitan. Es claro que la norma se deriva del espíritu legislador, y este muchas veces se influencia de componentes subjetivos inentendibles para un sistema experto o una máquina robótica que, actúa, reproduce, mas no razona. Además, el sentido imperativo de la norma es algo estrictamente humano. Por ello, a pesar de las buenas intenciones de facilitarnos el sentido operativo de la norma desde programas, esto no es Matemáticas ni física, y en el derecho hay universos distintos.
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